La justicia ecuatoriana no protege a la Amazonia tras derrame de crudo

El Juez Oña le dice NO a una acción de protección exigida por las comunidades afectadas.

Los habitantes de la Amazonia pedían protección ante los derrames de crudo

Jonathan Luna/Corresponsal en Ecuador

Desde la llegada de la explotación petrolera en los años 70s, el dolor de cabeza para quienes habitan en los espacios naturales, ha provocado una lucha constante por salvar los recursos naturales.

En Ecuador, las comunidades indígenas que residen en los alrededores de las fuentes fluviales, sufren los impactos de los constantes derrames de crudo, lo que provoca afectaciones ambientales y de salud.  El pasado abril de 2020, una de las tuberías sufrió una ruptura, lo que provocó que el petróleo llegue a los causes de los ríos Coca y Napo, los cuales abastecen a las familias que viven junto a este cauce.

El derrame fue de al menos 15.000 barriles, según las empresas que administran los oleoductos. Es el mayor derrame de petróleo de Ecuador en los últimos 15 años. El derrame afecta a más de 2.000 familias indígenas y compromete el acceso al agua potable de al menos 120.000 personas”, expuso el portal Dw.com, el pasado abril.

El drama que viven las comunidades del oriente ecuatoriano es constante, pues la extracción de crudo, en zonas selváticas, generan una movilización humana y animal, debido a que los espacios verdes se llenan de petróleo, lo que deja inerte el ambiente. Así también, las afecciones de salud en la población residente son evidentes en la piel. A esto se suma el impacto del Covid19 en varias comunidades, lo que ha perjudicado radicalmente la subsistencia de los habitantes.

Un juez ecuatoriano negó la legítima solicitud de los habitantes afectados por el derrame

 Frente a esta situación, desde las organizaciones sociales emitieron una acción legal tomando en cuenta las consecuencias de este derrame y la falta de atención que tienen las personas que viven a orillas de los ríos. Sin embargo, el pedido que tuvo una demora de más de 60 días, finalmente tuvo un veredicto por parte del juez Jaime Oña, quien, en la audiencia realizada en la provincia de Orellana, expuso los atenuantes sobre la acción de protección que interpusieron comunidades kichwas y organizaciones de derechos humanos por el derrame de crudo ocurrido el pasado 7 de abril, para lo cual se conoció que:

Las pruebas de Petroecuador y OCP fueron suficientes y abundantes evidencias de que actuaron una vez que se enteraron del fenómeno de erosión regresiva que afectó a la tubería ubicada en el sector de la cascada de San Rafael, entre Napo y Sucumbíos. Así rechazó la demanda de las comunidades, aunque sostuvo que era “innegable” que se produjo el derrame y se han desarrollado acciones para solicitar al gobierno de Ecuador una respuesta frente a la extracción petrolera.”  (Plan V, 2, de septiembre de 2020.

La respuesta brindada por el magistrado causó molestia en las organizaciones sociales, así como en la comunidad que habita en el sitio, a pesar que la erosión del suelo existe en ciertos sitios de la Amazonía, por las condiciones climáticas. Según el Juez Oña, la acción de protección no procede en este caso, debido a que se debe comprobar la vulneración de derechos, además, que los testimonios de quienes se asientan en los costados de los ríos, no son suficientes.

Para Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía de Ecuador (Confeniae), la sentencia vulnera el derecho a la salud y a la vida digna y atenta contra derechos de 11 nacionalidades indígenas. Si bien, cuando ocurrió el derrame las empresas petroleras generaron un recurso social, y entregaron kits alimenticios a las familias afectadas, actualmente las acciones por remediar el daño son escazas.

  Por otro lado, organizaciones sociales, se sumaron para la apelación al veredicto dictado por la Corte Provincial de Orellana y terminar con todas las instancias legales para que se tome en cuenta el pedido.

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